TransUber

Luis Larraín

Con su equivocado enfoque para regular las plataformas colaborativas de servicios de transporte urbano (Uber, Cabify y otras), el gobierno de Michelle Bachelet podría transformar estas empresas en un nuevo Transantiago, esta vez para el transporte en automóviles de alquiler.

En efecto, las últimas indicaciones del Ministerio de Transportes apuntan a regular el número de vehículos de estas plataformas que podrían circular por nuestras ciudades, persistiendo en un grave error regulatorio pues buena parte de las deficiencias de los servicios de taxis tradicionales provienen de las barreras a las entradas que los legisladores han introducido en gobiernos anteriores y que han redundado en un servicio de pésima calidad.

El proyecto de ley que el gobierno de Bachelet ingresó en octubre de 2016 fue aprobado en general por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados en julio del 2017. Con un enfoque completamente equivocado, que intenta proteger a los taxistas y colectiveros que han ejercido un intenso lobby, el proyecto no está preocupado de la mejor solución para los usuarios de este tipo de servicios.

Otros errores manifiestos del proyecto, varios de los cuales son producto de indicaciones posteriores, algunas empujadas por el diputado Giorgio Jackson, son:

1) Se prohíbe el uso de vehículos compartidos mediante aplicaciones como Uberpool. Esto es una total aberración, pues este tipo de servicios son muy apreciados en otros países y constituyen una suerte de taxis colectivos con recorrido variable, que permiten optimizar el transporte en las ciudades minimizando los kilómetros recorridos y la circulación de vehículos con pocos ocupantes. Son el complemento perfecto para los sistemas de transporte público de nuestras ciudades. El lobby de los colectiveros explica esta prohibición.

2) Se faculta al Ministerio de Transporte para intervenir en la fijación de tarifas. Junto con la regulación del número de vehículos, nos vamos acercando al modelo Transantiago de regulación que tanto ha empeorado la calidad de vida de los santiaguinos.

3) Establece la exigencia de que todos los vehículos sean de alta gama, lo que lo transforma en un sistema elitista. Esta exigencia no se hace, por supuesto, a taxis.

4) Prohíbe que se pague en efectivo, lo que acentúa el carácter elitista que se le quiere dar a estos servicios, pues el 80% de los viajes se paga actualmente con esa modalidad.

5) Establece un impuesto especial por kilómetro recorrido, a beneficio de un fondo creado para favorecer proyectos de los actuales taxistas. Esto, de nuevo, es aberrante pues lo que se debiera gravar es la circulación de autos sin pasajeros y en ese caso los taxis debieran pagar más que los autos de plataformas colaborativas.

6) Exige autorización del Ministerio para los conductores.

El proyecto del gobierno es un despropósito total. No respeta el sano principio que dice: si funciona, no lo arregle. Uber, por ejemplo, está en 15 ciudades de nuestro país y tiene 70.000 socios conductores activos que realizan 2 millones de viajes a la semana, el 60% de ellos en Santiago. Nuestra capital es la décima ciudad en el mundo con más viajes y es la quinta si ajustamos por número de habitantes. Sólo el 9% de los conductores son full time y hay muchos jubilados que complementan su pensión con estos ingresos.

Por último, colaboran con las necesidades de transporte urbano de la sociedad al brindar una solución óptima. De hecho, la ocupación por kilómetro recorrido en Uber es de 60%, mientras que la de taxis llega al 30%.

El principal objetivo de la regulación de este tipo de servicios debiera ser el de la seguridad para los usuarios, campo en el que debieran utilizarse estándares similares a los de otros servicios de alquiler. Otro objetivo debiera ser contar, con los recaudos del caso, con información de las plataformas para optimizar el transporte de la ciudad. Esas debieran ser las bases de una regulación y la única buena noticia es que el gobierno de Bachelet se termina y no podrá aprobar su aberrante proyecto.